Jueces y corporativismo

La Judicatura anda revuelta. Los jueces reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo, un trabajo cada vez más exigente, agobiante y peor pagado. Esto es calificado por algunos, injustamente, como «corporativismo». Que unos trabajadores reclamen mejoras laborales no es corporativismo, es lo más natural y lógico desde que se abolió la esclavitud o el trabajo en condiciones  inhumanas. Los jueces no podemos sindicarnos, ni formar  un colegio profesional, luego es natural que se busquen  medios –asambleas, juntas, asociaciones desde los que hacer valer esos lógicos y legítimos intereses. Pero, insisto, eso no es corporativismo.
El verdadero corporativismo surgiría, por ejemplo, si los jueces, lejos de concebir su tarea como algo debido al ciudadano, la secuestrasen, se sirviesen de ella para sus fines de grupo, por legítimos que fueran. Por eso –aunque sea un derecho fundamental-   nunca me ha gustado la huelga: es privar a los ciudadanos, que no tienen ni arte ni parte en un problema laboral,  de un servicio, de una prestación o contraprestación, en definitiva, de algo que les es debido por el simple hecho de ser ciudadanos. ¿Estoy contra el derecho de huelga?, pues sí y lo estoy por eso: porque me cuesta mucho concebir un derecho que se satisface incumpliendo deberes y a base de privar a otros de sus derechos. Respeto a quien discrepe –intuyo que muchos–, pero soy inofensivo: como magistrado he anulado bastantes servicios mínimos que, por ser abusivos, dejaban en simbólico ese derecho y, en lo personal, que nadie espere de mí que me declare en huelga, aunque algún día  lo tenga reconocido.
Pero  el corporativismo realmente nocivo en un juez es otro; más que nocivo, contrario a la Justicia, al Estado de Derecho y letal para los ciudadanos. Puede venir por otro camino, pero siempre como apropiación y secuestro de la función judicial. Se daría si un juez se sirviese de su condición y de la autoridad que le encomienda el Estado, si se sirviese de la toga  para imponer su ideología, creencia o incredulidad. Si no actuase sujeto al Estado de Derecho,  al imperio de la ley; si creyese que su condición es la de un activista o agente político, ideológico o religioso que busca transformar la sociedad a golpe de sus resoluciones.
Ese corporativismo sería nefasto, pero al ser de inspiración ideológica  al menos tendría un baño, digamos, «intelectual». Habría otro también corruptor  de la Justicia. Se daría si el juez se sirviese de su condición para satisfacer intereses personales. Fuera del caso más extremo y dramático –el  cohecho– se plasmaría  en un servirse de su condición para obtener alguna ventaja o beneficio. El reciente Estatuto del Empleado Público recoge como Código de Conducta un catálogo de principios éticos que, tras su proclama, encierran una censura a esa degeneración. Sus destinatarios son los empleados públicos en general y el estatus del juez es distinto pero no ajeno a esos deberes y principios: es más, si los desconociese el resultado sería más nefasto al ejercer un poder del Estado y tutelar derechos y libertades.
Pienso en ese Código porque, leyéndolo, pienso que podría surgir un corporativismo aún más corrosivo. Se daría si un hipotético juez emplease su condición para lograr el aplauso de sus fans, para saldar cuentas con sus fantasmas ideológicos, para  hacerse presente como sea en la vida política, social o económica. Si administrase los asuntos encomendados –cuando no buscados– activándolos o congelándolos para lograr esa interferencia o presencia; si se ofreciese al gobernante para ayudarle en sus intereses; si enmendase al legislador o manipulase las leyes haciéndolas decir lo que le conviene o da fama, protagonismo, beneficio o una competencia jurídicamente imposible; si con su actuar buscase el impacto mediático y no lo jurídicamente debido; si  sus  resoluciones fuesen sucedáneos de artículos de prensa o cayesen en un patético autoensalzamiento redentor; si se sirviese de ellas para ajustar cuentas con adversarios o detractores o para erigirse en portavoz y faro de grupos varios o, simplemente, de amiguetes o para dirigirse a la opinión pública; si vistiese su ignorancia con florituras lacrimógenas. Lo peor de lo peor sería que ese secuestro de la Justicia se llevase por delante la fama, la salud o la libertad de inocentes, víctimas de semejante instrumentalización. Y habría escarnio si, además, esa degeneración, llevada a sus más ridículos extremos, se presentase como la quintaesencia de la Justicia  o se le diese valor constitucional, ignorando que lo propio del juez es el humilde sometimiento a la Constitución y no su enmienda. Esta degeneración puede llegar a ser un lucrativo modo de vida, con lo que la vuelta atrás es muy difícil: se  caería en esa corrupción de la conciencia moral que es acabar pensado como se vive,  instalado en una permanente coartada moral. Afortunadamente, este secuestro de la Justicia no se da en la Judicatura. Los jueces no ven la toga como un disfraz, entienden que ser juez es mucho más que figurar en un escalafón, cobrar del Estado y ser llamado ilustrísima señoría. Afortunadamente, entre nuestros jueces hay profesionalidad,  seriedad, vergüenza y, sobre todo, sentido del ridículo.

 José Luis REQUERO