Conspiración de silencio    

Que un grupo de confidentes policiales asesine a 192 personas, deje cientos de heridos y mutilados, cause un destrozo material de dimensión apocalíptica y un derrumbe político y moral que aún no ha tocado fondo, es difícil de entender. Que, de entre esa homogénea partida de confidentes musulmanes, todos los ejecutores directos resultasen muertos en el oscuro asalto de Leganés, es menos que poco verosímil aun para la más tosca novela de espías. Que, al frente de la misma unidad central operativa de la Guardia Civil que hizo ojos ciegos al tráfico dinamitero entre Madrid y Asturias, estuviera un sujeto imputado como recadero del dinero más pútrido de Rafael Vera, es sencillamente una vergüenza imperdonable para quienes gobernaban: los hombres de un PP más empeñado en eludir la venganza de los corruptos fontaneros que en Interior dejara el PSOE como envenenada herencia, que en cumplir los compromisos de un programa electoral que había hecho estandarte de la lucha contra la corrupción y el terror de Estado. Que nunca -nunca- hayamos llegado a saber -que estemos convencidos de que jamás sabremos- algo tan elemental, tan previo a todo, como cuál fue el explosivo que hizo añicos la Constitución española aquel 11 de marzo de 2004, no puede caber en cabeza medianamente adaptada a una condición ciudadana que no esté por completo enferma. Que nada en el sumario, al cabo de tres años de investigación, encaje con nada, da -debería dar, al menos- mucho más miedo que el atentado mismo...
Ya sea incompetencia, ya complicidad, ya algo sin comparación más peligroso, algo a lo cual escalofría llamar siquiera por su nombre, los términos de bien tejida niebla, sobre los cuales va a abrirse esta semana la vista ante la Audiencia Nacional, no pueden sino movernos a una constancia desoladora: la de ser juguetes indefensos, en manos de gentes de las cuales ni siquiera tenemos claro si son monstruos o imbéciles. En grado infinito. Nada hay peor para la libertad que eso: la durísima constancia de que ni ley ni sentido común rigen a partir de un cierto nivel en la jerarquía del Estado.
Media docena de pobres diablos -asesinos tal vez, o tal vez cómplices, pero pobres, ínfimos diablos en esta descomunal historia- va a cargar con la plúmbea lápida bajo la cual aplastar cualquier memoria de lo sucedido: islamistas de medio pelo, con un pie en la delación a sueldo y el otro en el trapicheo de barrio, coleguis dinamiteros bien vistos en comisaría... Ni una sola pieza importante; ni un cerebro, ni un dirigente, ni un enlace. Sospeché, desde el primer día, que no conoceríamos lo sucedido. Tras la, aún inexplicada, violación de la tumba del GEO muerto y tras la reducción de su cadáver a ceniza, la sospecha tuvo, para mí, tintes de certeza. Hoy, tres años después, y ante el inicio de algo con más de farsa teatral para sedar audiencias que de intervención judicial rigurosa, sé que jamás sabremos nada. Demasiados intereses están en juego. Y demasiado altos. Nadie en política -digo nadie- quiere siquiera oír hablar de que la verdad se sepa. Porque ningún Estado sobreviviría a una verdad de ese calibre.

 Gabriel ALBIAC